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El sector eléctrico debate privatizar la red de transporte de Redeia

Directivos de las grandes compañías eléctricas han lanzado una propuesta que agita el sector en Galicia y en el conjunto de España: privatizar la red de transporte de electricidad de alta tensión, actualmente en manos de Redeia (antigua Red Eléctrica). El debate, que cuestiona el modelo de gestión de una infraestructura crítica, no es nuevo, pero gana tracción en un contexto de presión sobre los precios y de transformación del sistema energético.

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Fotografía que ilustra la noticia: El sector eléctrico debate privatizar la red de transporte de Redeia
(nosdiario.gal)

Una propuesta que rompe con el modelo actual

La idea de privatizar la red de transporte eléctrico, que incluye las torres de alta tensión y las líneas que conectan la generación con el consumo, ha sido lanzada por directivos de las principales eléctricas del país, según recoge un análisis publicado por Nos Diario. La propuesta implica que Redeia, la empresa pública que gestiona esta infraestructura, pase a manos privadas, un movimiento que sus defensores justifican por una supuesta mayor eficiencia en la gestión.

Sin embargo, el análisis subraya que el transporte de electricidad de alta tensión no puede funcionar bajo la lógica de la competencia de mercado y del beneficio corporativo. Se trata de una infraestructura estratégica, cuya operación requiere una visión de servicio público y de largo plazo, y no de maximización de resultados trimestrales. La defensa de la red como bien común choca directamente con los intereses de quienes la ven como un activo más susceptible de explotación privada.

Redeia, un pilar del sistema, en el punto de mira

Redeia es la compañía que opera el sistema eléctrico español y gestiona la red de transporte de alta tensión, una posición que la convierte en un actor central para la seguridad de suministro y para la transición energética. Su carácter público o semipúblico ha sido hasta ahora una garantía de que las decisiones se toman en función del interés general, y no del retorno a los accionistas.

La propuesta de privatización, que aún no se ha materializado en ningún texto legal, ha abierto un debate sobre el alcance de la participación estatal en sectores estratégicos. En Galicia, donde las renovables tienen un peso creciente en el mix eléctrico, la red de transporte es clave para evacuar la energía generada en parques eólicos y solares. Cualquier cambio en su modelo de gestión tendría consecuencias directas sobre la inversión en nuevas líneas y sobre los peajes que pagan los consumidores.

Una tormenta perfecta en el sector energético

El debate surge en un momento de fuerte presión sobre los precios de la electricidad, con una demanda creciente de descarbonización y de electrificación de la economía. Los directivos del sector, que no han hecho declaraciones públicas concretas sobre sus intenciones, sí han señalado en foros privados que la privatización podría atraer capital y mejorar la eficiencia, un argumento que análisis independientes ponen en cuestión.

La publicación llama la atención sobre el riesgo de que una infraestructura crítica como la red de transporte quede en manos de intereses privados que prioricen el beneficio a corto plazo. Además, recuerda que la experiencia en otros países con redes privatizadas muestra resultados mixtos, con ejemplos de sobreinversión y de falta de mantenimiento en áreas menos rentables. En el contexto gallego, donde la despoblación ya condiciona la viabilidad de nuevas líneas, la privatización podría acentuar las desigualdades territoriales.

Reacciones y próximos pasos

De momento, ninguna autoridad reguladora ni el Gobierno central se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta. Tampoco hay constacia de que se haya registrado ninguna iniciativa parlamentaria al respecto. Sin embargo, el simple hecho de que se haya puesto sobre la mesa es sintomático de la presión que ejercen las grandes eléctricas sobre el marco regulatorio actual.

El análisis, que sirve como punto de partida, llama a la reflexión sobre el modelo de negocio de las empresas energéticas y sobre el papel que debe jugar el sector público en la transición energética. Para ello, será clave seguir la evolución de los acontecimientos y ver si la propuesta encuentra eco en ámbitos políticos o si se queda en un mero ejercicio de presión. Mientras tanto, el control de la red de transporte sigue en manos de Redeia, que continúa con su labor de garantizar el suministro a millones de hogares y empresas.