Oposición y ecologistas ven conflicto de intereses en el contrato ambiental de la Xunta

El contrato y sus beneficiarios

Según informó Nós Diario, la Consellería de Medio Ambiente, dirigida por Nicolás Vázquez, formalizó el 26 de julio un contrato con la UTE SGS Tecnos SAU y Acivro Consultoría de Medioambiente SL para un servicio de apoyo técnico, asesoramiento y análisis especializado de la documentación derivada de los seguimientos de las autorizaciones ambientales integradas.

Estas compañías mantienen desde hace años una vinculación profesional con el sector energético, en particular con las eólicas Greenalia y Naturgy. La Administración gallega justificó la decisión alegando que carece de medios personales y técnicos propios para llevar a cabo este servicio, y que para evaluar los seguimientos es imprescindible contar con un equipo especializado.

Reacciones de la oposición

Las críticas fueron unánimes en la oposición. El portavoz de Medio Ambiente y Cambio Climático del BNG en el Parlamento gallego, Luís Bará, aseguró que la primera cuestión grave es la externalización de informes que corresponden a funciones que debe realizar el personal de la administración, y la segunda es un claro conflicto de intereses por tratarse de empresas con vinculaciones directas con aquellas sobre las que deben informar. Para el BNG, esto invalida la adjudicación del contrato, que debe ser anulada. Además, considera que de fondo está la intención de acelerar la tramitación de proyectos industriales extractivos.

Por su parte, la portavoz de Industria y Transparencia del PSdeG, Patricia Igrexas, señaló que el Gobierno gallego de Rueda es el rey de la privatización y negacionista del cambio climático, y que reconoce no tener medios para entregar el control ambiental a las grandes energéticas. Censuró que mantenga la privatización a golpe de contratos con conflictos de intereses, pese al freno del TSXG. Para Igrexas, el modus operandi de la Xunta consiste en vaciar de personal funcionario la consellería para justificar la privatización del control de las inspecciones ambientales. Recordó que el TSXG sentenció en 2025 que la evaluación ambiental no se puede externalizar en empresas privadas.

Democracia Ourensá también criticó el contrato. Su portavoz en el Parlamento, Armando Oxea, resumió su opinión señalando que la comparación con el zorro y las gallinas no va tan desencaminada.

Críticas de los grupos ecologistas

Desde la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), su secretaria ejecutiva, Belén Rodríguez, recordó que las empresas privadas no están obligadas a salvaguardar los intereses públicos, por lo que con este contrato la Xunta no puede garantizar que los controles sean independientes y objetivos. Además, incidió en que estas consultoras están vinculadas directa o indirectamente con empresas energéticas.

El voceiro de Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López, consideró que la formalización del contrato supone un paso más en el desmantelamiento de la capacidad de la administración pública para regular la acción espoliadora del oligopolio enerxético. Añadió que el agravante es que no solo renuncia a tener el control, sino que lo entrega a empresas satélites del oligopolio.