institucional

Corgos advierte de que Galicia sería la tercera comunidad peor financiada con el nuevo sistema

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha lanzado una advertencia sobre el impacto que tendría el nuevo sistema de financiación autonómica en las cuentas gallegas. Según sus cálculos, Galicia quedaría como la tercera comunidad peor financiada del conjunto del Estado, un escenario que condicionaría la capacidad de gasto de la Xunta en los próximos ejercicios.

Fotografía que ilustra la noticia: Corgos advierte de que Galicia sería la tercera comunidad peor financiada con el nuevo sistema
(laregion.es)

Una advertencia sobre el reparto de recursos

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha puesto el foco en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, un asunto que lleva años pendiente y que enfrenta a las comunidades por el reparto de los recursos. En sus declaraciones, recogidas por La Región, Corgos advierte de que, de aplicarse el modelo que está encima de la mesa, Galicia saldría claramente perjudicada en la comparativa estatal.

La afirmación del titular de Facenda sitúa a la comunidad gallega en una posición delicada dentro del conjunto de territorios que negocian el nuevo acuerdo. La advertencia no es menor: si las previsiones del conselleiro se confirman, Galicia pasaría a engrosar el grupo de comunidades con menor capacidad financiera, lo que limitaría su margen para sostener servicios públicos como la sanidad o la educación, que copan la mayor parte del presupuesto autonómico.

El momento de la declaración no es casual. La negociación del sistema de financiación es una de las grandes asignaturas pendientes de la legislatura y el Ejecutivo gallego viene reclamando desde hace tiempo un tratamiento que tenga en cuenta las particularidades demográficas y territoriales de la comunidad.

El contexto de una negociación estancada

La financiación autonómica es un asunto recurrente en la agenda política gallega. Galicia ha defendido históricamente un modelo que compense el envejecimiento de su población y la dispersión geográfica, dos factores que encarecen la prestación de los servicios públicos en comparación con otros territorios más jóvenes o más concentrados.

Las declaraciones de Corgos llegan en un momento en el que las comunidades autónomas siguen esperando una propuesta concreta para renovar un sistema caducado desde hace más de una década. La falta de acuerdo ha llevado a un escenario de prórrogas sucesivas y de tensiones entre territorios, con el Gobierno central y las comunidades negociando sin un calendario cerrado.

La advertencia del conselleiro se suma a las voces que denuncian una infrafinanciación crónica de la comunidad. Para Galicia, la cuestión es especialmente sensible porque su estructura demográfica, con una de las tasas de envejecimiento más altas del país, exige un esfuerzo presupuestario mayor en sanidad y dependencia.

Las consecuencias para el presupuesto gallego

Si las previsiones de Corgos se materializan, el impacto sobre las cuentas autonómicas sería inmediato. Un peor puesto en el ranking de financiación implicaría menos recursos para hacer frente a los compromisos de gasto ya adquiridos y obligaría a la Xunta a revisar sus prioridades. La sanidad, la educación y los servicios sociales son las partidas que concentran la mayor parte del presupuesto gallego, por lo que cualquier recorte en la transferencia del Estado tendría un efecto directo sobre ellas.

La Xunta ya viene advirtiendo desde hace tiempo de que la comunidad ha sido tradicionalmente una de las peor tratadas por los distintos sistemas de financiación. La posición que ocuparía Galicia dentro del nuevo modelo, según los datos manejados por Facenda, vendría a confirmar esa tendencia y a reforzar las reclamaciones de un cambio de criterio en el reparto.

La negociación sigue abierta y no hay un calendario definido para su resolución. Mientras tanto, el Ejecutivo gallego mantiene su posición de exigir un trato justo para la comunidad en el reparto de los recursos estatales. La declaración de Corgos es un nuevo paso en esa reivindicación, que busca situar la cuestión en el centro del debate político con vistas a la negociación final.