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La Xunta reclama a Naturgy 1,6 millones por el incendio de Padrón al acreditar su negligencia en la gestión de la biomasa

El Consello de la Xunta ha acordado reclamar a UFD Distribución Electricidad, filial del grupo Naturgy, casi 1,6 millones de euros por los daños y gastos de extinción derivados del incendio forestal registrado en Padrón el pasado mes de junio, que afectó a más de 373 hectáreas en la parroquia de Herbón. El gobierno gallego da así un paso más en la vía de repercutir a las empresas eléctricas el coste de los fuegos originados por el incumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento de la biomasa.

Fotografía que ilustra la noticia: La Xunta reclama a Naturgy 1,6 millones por el incendio de Padrón al acreditar su negligencia en la gestión de la biomasa
(economiadigital.es)

Una reclamación al amparo de la ley 3/2007

Según ha informado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, un informe de la Consellería do Medio Rural recoge que la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) acreditó la responsabilidad de la empresa. La negligencia en la gestión de la biomasa cercana a su línea de distribución fue el origen del fuego.

La reclamación se presenta al amparo de la ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que contempla que la administración autonómica puede repercutir los gastos de extinción a las personas responsables cuando hayan incumplido sus obligaciones de gestión de la biomasa.

Del total de los fondos reclamados, 884.724,45 euros se corresponden con los gastos de extinción, mientras que los daños y pérdidas por destrucción de arbolado en montes vecinales con contrato con la Xunta se estiman en 699.949,32 euros.

Denuncias previas ignoradas desde 2022

Uno de los elementos más destacados del expediente es que constan diversas denuncias previas al incendio, tanto por parte de agentes ambientales del distrito forestal como de la propia UIFO e incluso de un particular. En esas denuncias se advertía a la empresa de que sus líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no tenían el mantenimiento legalmente exigible en materia de gestión de la biomasa en las redes primarias de protección.

La primera denuncia fue formulada por la UIFO en marzo de 2022. En agosto de 2023, la reclamación de un vecino fue respondida por la empresa reconociendo el problema y comprometiéndose a actuar. Sin embargo, desde esa fecha y hasta que se produjo el incendio de junio pasado, no se realizó ningún trabajo.

Este historial refuerza la tesis de la Xunta sobre la existencia de una negligencia continuada en el tiempo, que habría sido determinante para la propagación del fuego.

Un incendio que obligó a activar la alerta por proximidad a zonas habitadas

El incendio de Herbón se declaró el pasado 12 de junio y la proximidad del fuego a zonas habitadas obligó a declarar la situación 2 de alerta horas después, un nivel de emergencia que implica la posible necesidad de desalojar a la población. Finalmente, resultaron arrasadas 373,21 hectáreas, de las que casi 300 eran monte arbolado.

La reclamación económica se suma a la vía judicial abierta por el caso. La Xunta busca con esta acción recuperar parte del coste que supuso la extinción del fuego para las arcas autonómicas y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a las eléctricas sobre la necesidad de mantener sus infraestructuras en condiciones óptimas de prevención.

Contexto: las eléctricas, en el punto de mira gallego

El caso de Padrón no es un episodio aislado. La gestión de la biomasa en las zonas de influencia de las líneas eléctricas es uno de los principales focos de conflicto en la prevención de incendios en Galicia. La normativa autonómica obliga a las empresas titulares de estas infraestructuras a mantener una franja de seguridad libre de vegetación.

La reclamación del Consello de la Xunta contra UFD Distribución Electricidad se produce en un contexto de endurecimiento de la administración autonómica hacia las compañías eléctricas, a las que se exige una mayor diligencia en el mantenimiento de sus redes. La cuantía reclamada, cercana a los 1,6 millones de euros, marca un precedente por su magnitud y por el detalle del expediente que la sustenta.