La Xunta contrata por 6 millones un servicio jurídico para reclamar 150 millones del cártel de los pañales
El Consello de la Xunta ha autorizado este martes la contratación, por algo más de 6 millones de euros, de un servicio de defensa jurídica para reclamar los más de 150 millones de euros que la administración gallega pagó a las empresas del denominado cártel de los pañales, sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tras confirmar el Tribunal Supremo la sanción.
Una reclamación que parte del análisis del Sergas
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el paso se da una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado la sanción a estas empresas. El servicio que se contrate no se limitará a la representación procesal, sino que deberá encargarse también de la prueba pericial para cuantificar con rigor el coste exacto que tuvieron esas compras para la administración.
El análisis realizado por el Sergas ha permitido cifrar en casi 141 millones de euros (140,8 millones) la cuantía sufragada a estas empresas entre 2004 y 2014. Sin embargo, están pendientes de cuantificar con exactitud los gastos correspondientes al período entre 1996 y 2004, porque los sistemas de facturación eran distintos, y esa labor de peritaje será encargada al servicio jurídico que se contrate. La Xunta estima que la reclamación total podría elevarse a 153 millones de euros.
Rueda: "Quiere recuperar la parte que sea posible"
"Hablamos de cantidades muy importantes, y la Xunta quiere recuperar la parte que sea posible", ha indicado el titular del Ejecutivo autonómico, que ha recordado que la actuación irregular de esas empresas "repercutió muy directamente en los grandes compradores de ese material", como son las administraciones públicas, en ámbitos como la atención sanitaria o las residencias.
La reclamación se dirige contra las empresas que fueron sancionadas por la CNMC en 2016: Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages, así como a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).
El origen: un cártel que duplicó el precio de los absorbentes
El origen del caso se remonta a 2016, cuando la CNMC sancionó a estas empresas por un importe total de 128 millones de euros por llegar a acuerdos y fijar precios de venta a los distribuidores mayoristas de absorbentes de incontinencia comercializados a través de las farmacias. La infracción se prolongó desde, al menos, diciembre de 1996 hasta enero de 2014, con diferencias en la duración en función de las empresas partícipes.
Quedó acreditado que las empresas acordaron un precio para los pañales que resultó ser el doble del precio logrado mediante licitaciones públicas de las distintas comunidades autónomas. Este sobrecoste afectó directamente a las administraciones públicas, que son los grandes compradores de este material sanitario.
Sigue leyendo
- institucionalLa Xunta reclama a Naturgy 1,6 millones por el incendio de Padrón al acreditar su negligencia en la gestión de la biomasa
- institucionalLa pensión media de un autónomo gallego es 635 euros inferior a la de un trabajador del Régimen General
- institucionalA Coruña formará gratis ás pemes para que opten a licitacións públicas
- institucionalA USC renova o ENS e segue como única universidade galega certificada
