El derecho a quedarse se escribe en la tierra: Arbo, espejo del rural gallego, pierde la mitad de su población en 63 años

Eucalipto, viña, cemento y cables: qué ocupa hoy el suelo de Arbo

El análisis del economista Xavier Simón, doctor en Economía Ecológica por la Universidade de Vigo e investigador del CISPAC, compara los usos del suelo de Arbo entre 1957 y 2020. La conclusión es un desplazamiento radical de la actividad agraria por la forestal y la artificialización del territorio.

En 1957, el municipio tenía 1.202 hectáreas dedicadas a cultivos, 1.010 de mato, 600 de piñeiral, 182 construidas y ninguna masa significativa de eucalipto. Sesenta y tres años después, en 2020, el eucalipto se había convertido en el primer uso del suelo con 1.320 hectáreas; el piñeiral quedó reducido a 71; los cultivos bajaron a 898, casi la mitad dedicada a viña; el mato ocupa ahora 1.124 hectáreas y la superficie artificial casi se duplicó, hasta las 350.

La población, mientras tanto, se redujo a la mitad: de unas 5.500 personas censadas en 1957 a 2.576 en 2020. El mato ocupa una superficie similar a la de hace seis décadas, pero el trabajo señala que no es el mismo: el de 1957 era toxeira rozada para cama del ganado y estiércol que fertilizaba las leiras; el actual es, en buena medida, combustible para los incendios. El fuego, además, actúa como vector de expansión del eucalipto: tras cada incendio rebrota y siembra el terreno quemado, ocupando el lugar del piñeiro y de las leiras abandonadas. Abandono, lume e eucalipto forman, según el análisis, un mismo ciclo.

La viticultura no salva al municipio: precios por debajo del coste de producción

La viña tampoco es la excepción dentro del declive agrícola. El cultivo medró hasta 431 hectáreas mientras el resto de cultivos perdían, como mínimo, cuatro de cada diez. Es la modernización de la especialización, con tratamientos químicos, exportación y valor concentrado en las adegas, según el autor.

El pequeño viticultor sigue siendo dueño de la tierra, pero no decide el precio, ni cuánto le compran, ni cuándo. En la campaña de 2026, el precio medio de la uva no superó los 1,30 euros el quilo, por debajo del coste de producción que el sector sitúa en 1,52 euros.

La situación se refleja en las cuentas públicas. Arbo, en el corazón de una de las denominaciones de vino más valiosas del país, tiene un PIB por habitante de 16.173 euros, en el puesto 248 de 313 concellos gallegos, y una renta disponible de 15.276. El análisis subraya la diferencia: el PIB mide la actividad generada en el territorio; la renta, lo que perciben sus residentes. Que el primero supere a la segunda en un concello donde un tercio de la población tiene más de 65 años –y las pensiones empujan la renda hacia arriba– indica que parte de la riqueza generada en Arbo acaba en manos que no viven allí.

Sin vivienda accesible y con grandes infraestructuras que no dejan renda

Otro de los ejes del trabajo es la vivienda. La superficie construída por habitante se multiplicó por más de cuatro, pero no hay vivienda accesible para quien quisiera quedarse o llegar: casas de emigrantes, segundas residencias y viviendas vacías fuera del mercado.

El dinero público alimenta esa lógica, denuncia el análisis. Los planes de las deputacións financian estradas, beirarrúas, paseos y edificios de usos múltiples, pero ningún euro para vivienda social, cooperativismo o transformación de los usos del suelo.

Por encima del municipio pasan ya tres grandes líneas de alta tensión. La última, la interconexión eléctrica con Portugal, se inauguró en Arbo en julio: una infraestructura de interés europeo de 140 millones de euros. Deja torres, servidumes y paisaje transformado, pero no empleo ni renda para el territorio, según el análisis.

El autor resume la situación: eucalipto, mato, viña, cemento y cabos eléctricos, ninguno de estos usos genera renda suficiente para quien vive en el territorio. Desde 1996 no hubo un solo año con más nacimientos que defuncións, y solo uno de cada diez vecinos tiene menos de 18 años. El declive poblacional no es un accidente, concluye, sino la consecuencia lógica de un territorio organizado para producir materias primas, energía de paso y paisaje para otros.

La conclusión: qué debería cambiar para que el Right to Stay no sea solo un lema

El análisis sitúa el límite de la estrategia europea Right to Stay. La apuesta por servicios, conectividad y competitividad, sin fondos nuevos, no basta. La fibra óptica no fija población si la tierra no da de vivir; un centro de salud no retiene gente joven si la uva se paga por debajo del coste y las casas vacías no se alquilan; unas nuevas beirarrúas no atraen nueva vecindad si no hay vivienda accesible.

El derecho a quedarse no se decreta desde Bruselas: se escribe en el suelo, en lo que se produce, en quién lo produce y en quién se queda con el valor. Una política seria, sostiene el autor, empezaría por la tierra: bancos de terras y polígonos agroforestales gestionados por quien vive allí; menos eucalipto y más frondosas y ganadería extensiva; capacidad propia de transformación para los viticultores; ayudas a las adegas condicionadas a precios que cubran costes; la vivienda vacía al servicio de quien quiere quedarse; planes provinciales que financien vivienda y cooperativas, no más asfalto; y fondos de compensación de las líneas eléctricas y de los eólicos para vivienda y prevención de incendios.

No se trata de volver a 1957, sino de recuperar el principio de aquel sistema: que la tierra sirva primero a quien la habita. Mientras los mapas de usos sigan dibujando un territorio al servicio de otros, concluye el texto, el derecho a quedarse será para Arbo y centenares de concellos como él un derecho escrito solo en el papel. El análisis se publica en Nós Diario, firmado por Xavier Simón, y utiliza datos de usos del suelo, población y renta del municipio.