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El BNG exige el cese del conselleiro de Emprego y el PSdeG pide su comparecencia por la sanción a la bodega familiar

El BNG ha exigido este martes el cese inmediato del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, después de que se conociese que la bodega de su familia, Casal de Armán, fue sancionada por una infracción administrativa relacionada con la presencia de dos trabajadores inmigrantes en situación irregular durante la vendimia de 2025. El PSdeG, por su parte, ha reclamado su comparecencia en el Parlamento para que dé explicaciones.

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Fotografía que ilustra la noticia: El BNG exige el cese del conselleiro de Emprego y el PSdeG pide su comparecencia por la sanción a la bodega familiar
(economiadigital.es)

Exigencias de la oposición

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha calificado de «gravísima» la noticia publicada por Eldiario.es, que destapó que una inspección de oficio certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles en la bodega familiar del conselleiro. «Esto es impresentable y pedimos el cese inmediato por esta indecencia e irregularidad por tener a trabajadores inmigrantes en sus explotaciones, sin darlos de alta en la Seguridad Social, en situación de irregularidad administrativa apañando uva en la bodega», ha declarado Rodil.

«Estamos hablando del responsable político que debe velar por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cómo es posible que el conselleiro de Emprego tenga en la empresa de su familia trabajadores explotados y sin dar de alta en la Seguridad Social?», preguntó la dirigente nacionalista.

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia en el Parlamento del conselleiro para que acuda a la Cámara a «dar la cara». Méndez censuró que González «no se cortó nada a la hora de hablar de inmigración ordenada y de reclamarle al Gobierno de España las competencias de los permisos de trabajo», mientras «en las viñas de la bodega de su familia había dos personas sin papeles recogiendo uva». «Las encontró una inspección de oficio y hay una propuesta de sanción encima de la mesa», subrayó.

La versión del conselleiro

José González ha reconocido que Casal de Armán, la bodega que su familia tiene en O Ribeiro ourensano, fue sancionada por una «infracción administrativa» en relación a dos inmigrantes que trabajaban en la vendimia de 2025, pero ha asegurado que no había «intención de fraude» ni «conocimiento previo» de la situación de esos temporeros.

En una comparecencia ante los medios durante una visita al Grupo Cuevas, en Ourense, González defendió la «honorabilidad» de la bodega, de la que se desvinculó de forma tajante: «Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa».

El conselleiro explicó que la inspección laboral acudió a la viña y constató la presencia de temporeros que «no eran los que estaban en los listados en la empresa de trabajo temporal». Ante esa situación, la bodega interpuso una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por «usurpación de la identidad» contra dichos temporeros, una querella que, según González, «acredita claramente que no había intención de fraude ni había conocimiento previo de la situación».

Reacciones desde el PP

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha defendido al conselleiro al asegurar que «no hay caso» por el «simple hecho de que el conselleiro no tiene ninguna relación con la empresa familiar». «Ni es socio ni participa en su dirección ni, por supuesto, participa en nada de lo que tenga que ver con la contratación de la empresa», manifestó.

Pazos se congratuló de que «funcionen los servicios de inspección» y afirmó que «la familia del conselleiro tomó las medidas legales oportunas». «Y si corresponden sanciones, a quien le correspondan tendrá que afrontarlas, como cualquier otro empresario», añadió.

El conselleiro, que también fue titular de Medio Rural, insistió en que la sanción administrativa fue impuesta «en su grado mínimo» y «en la cantidad legalmente mínima», ya que «la inspección no apreciaba circunstancias agravantes». González calificó el episodio como «un desgraciado incidente que no tiene nada que ver con la explotación de inmigrantes» y defendió que la empresa está siendo «más rigurosa» en su gestión para evitar que se repita.