Fedea eleva el coste de los intereses de la deuda gallega a 445 millones en 2029, un 336% más que en 2022
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte de que el coste de los intereses de la deuda pública gallega se disparará en los próximos ejercicios hasta situarse en 2029 en 445 millones de euros, un 336% más que en 2022. El incremento de los tipos de interés y el elevado porcentaje de deuda en manos de bancos privados explican una evolución que sitúa a Galicia entre las comunidades más afectadas por el encarecimiento de la financiación.
La factura de los intereses se multiplica por más de cuatro en siete años
El informe de Fedea, elaborado por los investigadores Manuel Díaz y Carmen Marín, proyecta que el pago de intereses de la deuda gallega cerrará 2026 en 310 millones de euros, una cifra 73 millones superior a los 224 millones que el Gobierno gallego contempla en la Ley de Presupuestos de 2026 para sufragar los tipos de interés. A partir de ahí, la senda es claramente ascendente: 341 millones en 2027, cerca de 386 millones en 2028 y alrededor de 445 millones en 2029.
El incremento acumulado desde 2022, cuando la Xunta pagó 102 millones en intereses, alcanza el 336%. Esta evolución se explica por el aumento del precio de los tipos de interés, que pasarían del 0,9% en 2022 al 3,6% en 2029. Fedea subraya que el coste de los intereses es real para el período de 2022 a 2025 y estimado de 2026 a 2029, un matiz que introduce cautela sobre las cifras proyectadas pero que no altera la tendencia de fondo.
La entidad considera que sus previsiones son "muy realistas" y recuerda que el Gobierno gallego ya se vio obligado a pagar en julio de este año un tipo de interés del 3,2% en una emisión de bonos a siete años, dentro de una operación para refinanciar parte de su pasivo. Ese dato refuerza la tesis de que la sostenibilidad de una hacienda pública no puede medirse únicamente por el volumen de su deuda, sino también por el coste al que se financia.
Una deuda equivalente al 84,3% del presupuesto autonómico
Galicia cerró 2025 con una deuda pública de 12.010 millones de euros y finalizó el primer trimestre de 2026, el último período con datos disponibles, con un pasivo de 12.282 millones. Esa cifra supone el segundo valor más elevado de la serie histórica, solo por debajo del registrado en el segundo trimestre de 2025, y equivale al 84,3% del presupuesto gallego de 2026, que suma 14.239 millones de euros.
El peso de la deuda supera incluso las partidas destinadas a inversión social en el actual ejercicio, que ascienden a 10.587 millones de euros. Las proyecciones de Fedea apuntan a que la deuda de la Xunta terminará 2026 en 12.186 millones, 2027 en 12.271 millones, 2028 en 12.256 millones y 2029 en 12.236 millones, con lo que se mantendría en niveles similares a los actuales.
Además, el Gobierno gallego debe otros 1.034 millones correspondientes a diversas actuaciones financiadas mediante colaboración público-privada, una fórmula jurídica que, según Fedea, responde al objetivo de no computar como deuda pública diversas inversiones de la Xunta. El pago de la deuda es la tercera partida de gasto de las cuentas públicas gallegas de 2026: el presupuesto destina 1.643 millones, de los cuales 224 millones son para intereses, 1.419 millones para amortizar deuda y 93 millones para compromisos derivados de la colaboración público-privada, incluidos 65 millones para el canon de la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
La Xunta rechaza la quita y pone el foco en el sistema de financiación
Fedea sitúa a Galicia entre las comunidades más afectadas por la subida de los intereses, debido a que el 84,3% de su deuda pública está contraída con entidades de crédito, un porcentaje muy superior al de otros territorios que se financian en mayor medida con el Estado. Esta estructura expone a la comunidad a las condiciones del mercado y a las subidas de tipos, que se han encarecido de forma notable desde 2022.
En este contexto, la entidad recuerda que a las comunidades autónomas se les abre un nuevo escenario de gestión de la deuda con la posibilidad de quita aprobada por el Congreso de los Diputados, una medida que el Gobierno gallego ya ha rechazado. La condonación supondría una reducción del endeudamiento del Ejecutivo gallego en 4.010 millones de euros, lo que representa una rebaja del 32,6% en relación con su cuantía actual y un alivio importante para las cargas financieras de la Administración autonómica.
Frente a esa propuesta, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cifra en más de 1.000 millones el déficit que genera el actual modelo de financiación autonómica y defiende que la solución al endeudamiento estructural de los últimos 17 años pasa por reformar ese sistema, aunque sin formular una alternativa concreta. La postura de la Xunta se limita por ahora a criticar la propuesta del Estado, en un debate que condicionará las cuentas públicas gallegas de los próximos años.
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