BNG y PSdeG cargan contra los presupuestos de la Xunta para 2027: "Benefician a una minoría"

El BNG: "Migajas" para las mayorías y rebajas para los que más tienen

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado duramente contra el proyecto de cuentas autonómicas. A su juicio, los presupuestos para el próximo año "ignoran" los problemas de las familias para llegar a fin de mes, no dan respuesta a las "miles de personas que no pueden acceder a una vivienda" ni solucionan las listas de espera tanto en los hospitales como en la atención primaria.

"Continúan con políticas que van a deteriorar los servicios públicos, no dan soluciones a la crisis de la vivienda ni tampoco dan una ayuda real a las familias ni a los sectores económicos ahogados por el coste de la vida y el alza de los combustibles", argumentó Pontón, que reprochó al presidente autonómico presentar unas cuentas que, en su opinión, "benefician a una minoría mientras dejan de lado a quien lucha cada día por salir adelante".

La líder nacionalista puso el foco en la política fiscal del Gobierno gallego. Denunció que se bajan los impuestos "a los que más tienen" y se dan "migajas" a las mayorías sociales. Como ejemplo, calificó de "miseria" la rebaja del 0,25% en el IRPF, que supone 12 euros al mes para las rentas de más de 60.000 euros, pero solo 2,7 euros para las inferiores a 13.000 euros.

Pontón también criticó que el tramo autonómico de las pensiones no contributivas suba solo 2,5 euros. "Parece que le está tomando la delantera a Feijóo con los sacrificios", ironizó, para añadir que mientras "reparte migajas entre los que tienen menos", Rueda "perdona millones de euros a los millonarios", en concreto a las 7.000 personas que tienen más patrimonio. Las cuentas, añadió, vuelven a introducir "beneficios para el lobby eléctrico".

El PSdeG: Los presupuestos de un contable, no de un político

En la misma línea se manifestó la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, que sostuvo que los presupuestos no recogen lo "verdaderamente importante" porque solo están pensados a "equilibrar cuentas, a hacer un sudoku" pero "no afrontan los problemas reales" de los gallegos.

"Son los presupuestos de un contable, que hace una ingeniería numérica; pero no son los presupuestos de un político que quiera resolver los problemas", afirmó Méndez, que aseguró que "no hay inversión real que transforme absolutamente nada" y que las cuentas son "continuistas".

La dirigente socialista cifró en tres las grandes deudas que deja el proyecto: las más de 420.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda, las personas en listas de espera en el Sergas y los más de diez meses de espera en dependencia. En materia de vivienda, reconoció que las cuentas recogen un "incremento de fondos", que la Xunta cifra en 326 millones para construir, pero exigió al Gobierno gallego que aclare cuántos de esos fondos proceden del Estado.

"Es hipócrita presumir y criticar al Estado, cuando la inversión realmente procede del Estado", manifestó, para criticar también el enfoque de las medidas propuestas.

El PPdeG responde: Un "escudo" frente a la parálisis de Sánchez

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, salió al paso de las críticas de la oposición y destacó que las cuentas son "el mayor antídoto contra la incertidumbre y la parálisis". Para el popular, los presupuestos evidencian "dos formas radicalmente opuestas de hacer política y de entender la responsabilidad política".

"Por una parte, el modelo de Galicia, de rigor, previsibilidad, la estabilidad y el respeto escrupulosos a las instituciones y a los ciudadanos; y, por otra, el modelo de Pedro Sánchez, incapaz de aprobar ni un solo presupuesto, arrastrando las cuentas de 2023 en una parálisis permanente", argumentó, en referencia a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno.

Pazos defendió que los presupuestos gallegos "no son simples números en un papel, sino que son un escudo y una plataforma de impulso económico y social". En este sentido, puso en valor que la primera prioridad del Ejecutivo autonómico vuelva a ser el gasto social, que "por primera vez en la historia supera la barrera de los 11.000 millones".